La cualificación constituye el valor principal del
trabajador y trabajadora en cuanto tal: se es trabajador porque se sabe hacer
algo. De este principio se deduce que la Formación Profesional como vía de
acceso y mejora de una cualificación, que entendemos como un proceso permanente
a lo largo de toda la vida, es un derecho de los trabajadores y de las
trabajadoras.
Por tanto, la cualificación de los trabajadores, su
desarrollo y su reconocimiento, al ser una cuestión esencial para el
trabajador, pertenece al núcleo de la negociación colectiva y de la acción
sindical, ya que la negociación colectiva no debe limitarse, entre otras cosas,
a la cantidad del trabajo, sino que debe extenderse a la calidad del mismo. La
formación profesional para el empleo debe ser una prioridad estratégica, un
derecho y un deber de todos los trabajadores y trabajadoras.
La cualificación está íntimamente relacionada con el
acceso, el mantenimiento y la calidad del empleo, del que es una condición
necesaria, aunque no suficiente. De aquí se deduce la consideración de la
formación profesional como una de las políticas activas de empleo más potente,
pero no única.
"No es la solución a la crisis, pero sí una ayuda
necesaria, ya que es fundamental para conseguir y mantener el trabajo"
Su mayor capacidad viene dada, precisamente, de su
integración con el resto de las políticas activas de empleo. No es la solución
a la crisis, pero sí una ayuda necesaria, ya que es fundamental para conseguir
y mantener el trabajo. Por ello se debe apostar por la Formación Profesional
para hacer frente a la crisis en lugar de pensar en recetas basadas en el
abaratamiento de los despidos
La mejora de las Cualificaciones Profesionales es una
condición indispensable para impulsar la estructura económica de los
territorios, la competitividad de las empresas y la calidad del empleo, como
consecuencia desarrollo económico, creación de empleo y mejora del ya
existente.
A la vez, debe permitir que el trabajador y la
trabajadora, a través de un acceso fácil y coherente a la formación a lo largo
de su vida profesional, pueda ejercer su “derecho individual” al aprendizaje
permanente y al desempeño eficaz de un empleo.
La defensa de una mejor cualificación de los trabajadores
y trabajadoras debe vincularse con mejores condiciones de empleo y trabajo. Por
tanto, Desarrollo Económico, Diálogo Social y Formación Profesional son tres
conceptos que necesariamente deben estar vinculados y estar dirigidos a
favorecer la cualificación de los trabajadores.
En este sentido, la Formación Profesional ha de ser un
instrumento fundamental para la promoción personal y profesional de los trabajadores,
en la medida en que incide en el acceso al empleo, el mantenimiento del mismo y
la mejora de las condiciones de trabajo. Asimismo, permite poner en práctica el
principio de igualdad de oportunidades, especialmente para los colectivos más
desfavorecidos y para aquellos que tienen menor cualificación.
Quisiera destacar que la consolidación de un sistema de
formación a lo largo de toda la vida, constituye una apuesta de futuro hacia la
economía del conocimiento.
Las economías europeas más competitivas son aquellas que
gozan de un alto contenido en capital humano. En este sentido, es de destacar,
que la mejora de la productividad pasa por políticas que requieren un esfuerzo
a largo plazo en educación, Formación y en I+D+i.
Habría que señalar que la mejora de la productividad y
competitividad de la economía valenciana , así como el necesario cambio del
modelo productivo, no puede quedar aplazada a medio y largo plazo. La mejora de
la competitividad y de la productividad es un reto y una exigencia en el
presente, que hay que hay que continuar abordando e impulsando mejorando la
cualificación de la población actual activa.
Ello requiere, por tanto, un buen sistema de Formación
Profesional Reglada y sobre todo un buen sistema de Formación Profesional para
el Empleo.
En definitiva, la opción debe ser el trabajo estable, de
calidad, y con derechos, donde la cualificación profesional de los trabajadores
sea el elemento central, por lo que se hace necesario impulsar el derecho de
los trabajadores y las trabajadoras a procesos formativos permanentes, bien
desde la óptica de la especialización, desde la readaptación profesional, como
desde la cobertura de expectativas individuales, facilitando y potenciando que
el sistema formativo sea capaz de adaptarse a las necesidades de la economía y
de su capital humano.
